La entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCyF) en Oaxaca se aplazó del 1 de abril de 2027 al 1 de julio de 2031. La Cámara de Diputados aprobó el dictamen el 20 de octubre de 2026 con 367 votos a favor, 60 en contra y 2 abstenciones, y lo turnó al Senado, de acuerdo con Proceso. El cambio cubre a los 32 poderes judiciales estatales y deja pendiente el calendario estatal de implementación.
El dictamen también reforma el sexto transitorio para que la implementación no afecte "la disponibilidad presupuestaria destinada a los programas sociales del Gobierno Federal". El presidente de la Comisión de Justicia, Julio César Moreno Rivera, defendió el plazo: "Esta ampliación permite que juezas, jueces y personal judicial continúen capacitándose", según El Universal. El diputado Emilio Suárez Licona respondió que su grupo no acompaña "un dictamen que retrasa la justicia en nuestro país y la hace vacía". Gustavo Adolfo de Hoyos estimó el costo en al menos 10 mil millones de pesos anuales, sin partida en el Presupuesto 2027, según Proceso.
El CNPCyF nació de la reforma constitucional de 2017 y se publicó en 2023 con una primera fecha de arranque en 2027. El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca Juan Carlos Díaz Carranza, presidente de la comisión estatal de implementación, atribuyó el aplazamiento a que "los Poderes Judiciales estatales no están listos", con avances insuficientes en infraestructura, sistemas y capacitación, según El Imparcial de Oaxaca.
Díaz Carranza describió el nuevo plazo como "una bomba de tiempo" para la justicia local, porque no incluye el mecanismo de certificación que proponía la Ley General de Garantía de la Transición. Su alternativa es la gradualidad por distritos y materias, con notarios públicos como apoyo y refuerzo a los medios alternativos de solución de controversias y la justicia digital, con la brecha de conectividad del estado como límite. Señaló además que entre la reforma de 2017 y 2031 habrán transcurrido 14 años, y que las niñas, niños y adolescentes con conflictos familiares judicializados son los más afectados por la espera.
El Senado debe analizar y votar la minuta antes de que el cambio se publique. En Oaxaca, la comisión que preside el magistrado elaborará un plan de implementación con los recursos disponibles y definirá qué distritos arrancan primero; ese calendario todavía no tiene fecha.
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