El corresponsal Óscar Rodríguez Hernández denunció el 6 de octubre amenazas contra él y su familia por su cobertura de una presunta red de venta de plazas en los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), y el columnista Horacio Corro acusó a la policía municipal de Oaxaca de Juárez de intimidarlo en su domicilio.
Rodríguez, corresponsal de Milenio, presentó denuncias ante la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) y ante la Fiscalía General de la República (FGR), según El Universal, que reportó que la red ofrece códigos laborales hasta en 200 mil pesos. Las dos denuncias ocurren a dos meses y medio del asesinato del periodista Alejandro Leyva Aguilar, cometido el 22 de julio en San Pablo Etla y atraído por la FGR el 23 de julio, según Proceso.
El caso de Leyva no es aislado. El Imparcial de Oaxaca documentó que el 4 de septiembre un grupo de periodistas fue agredido verbalmente por taxistas foráneos que se manifestaban en la Secretaría de Movilidad (Semovi); una de las manifestantes les dijo: "Acuérdese de su compañero que lo mataron", en alusión al homicidio del columnista. La familia de Leyva rechazó las medidas de protección estatales y aceptó las federales, y Rodríguez pidió seguir su caso ante el riesgo de que las agresiones escalen.
Corro relató en redes sociales: "La misma Policía Municipal de la ciudad de Oaxaca vino a agredir mi domicilio. Permitió que forzaran las ventanas de la casa para grabar el interior de la misma y grabarme a mí". La Secretaría de Seguridad Vecinal de Oaxaca de Juárez respondió que acudió a atender una situación entre particulares y que estableció comunicación con él para escucharlo y compartirle el motivo de la presencia policial. Gema Leyva Aguilar, hermana del periodista, dijo a La Jornada que la pesquisa sigue detenida: "ni siquiera han podido arrestar al que iba en la moto y al que le disparó".
El Mecanismo federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas asignó a la familia de Leyva un botón de asistencia y visitas aleatorias de la Guardia Nacional, según La Jornada. Las denuncias de Rodríguez siguen en la FGEO y en la FGR, que no han reportado detenciones por las amenazas.
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